Pedir peras al olmo

Hay quien está más que empeñado en demostrar el fortísimo sentimiento nacionalista que existe –dice- en Andalucía. Tanta es su ambición, que no quería ser menos que los catalanes, de ahí que se sacara de la chistera la necesidad que tenían (y exigían) los andaluces –seguía diciendo- de un nuevo estatuto de autonomía que se adaptara a la nueva realidad de la comunidad. Aunque en el fondo del asunto estaba el miedo a quedar descolgado de los avances que consiguieran los catalanes en su negociación. Un error de principio el querer equiparar dos realidades completamente distintas, tanto en lo que al ciudadano de a pie se refiere, como a los líderes políticos, de estos dos mundos tan diferentes dentro de una misma España, pero como estaba de moda lo de subirse al carro de los estatutos, pues nada, ahí está ya Andalucía con su nuevo y flamante estatuto de autonomía.

Ya digo, muy bonito en lo político, en el quedar bien de cara a la galería, pero pobre, muy pobre realmente a la hora de que el ciudadano sienta como suyo, como de vital importancia para su existir un documento que sólo algunos quisieron. Prueba de ello es, el bajísimo índice de participación electoral del referéndum.

Pero como la verdad no tiene más que un camino, y porque no se pueden pedir peras al olmo, resulta que estos días, cuando si apenas se ha celebrado el primer aniversario de la nueva Constitución Andaluza, resulta que llega una de las primeras cagadas precisamente de aquellos mismos que entonces apostaron por un estatuto del que ahora parecen renegar.

Me explico. Una de las cosas que copiamos de los catalanes –y fueron muchas- era que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sería la última instancia judicial a la que acudir en disposiciones autonómicas. Pues bien, ahora, cuando ese mismo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dicta sentencia contra la asignatura Educación para la Ciudadanía (anuló el pasado miércoles el que dicha asignatura aborde en sus contenidos cuestiones como la ideología de género, la homosexualidad y las opciones vitales, al considerarlo como una ilícita invasión en la ética, el derecho y la moral) resulta que los principales impulsores, valedores, padres y madres... del Estatuto de Andalucía pretenden recurrir al Tribunal Supremo (de España) dicha decisión.

¿Pero no habíamos quedado en que no había instancia judicial superior, y por lo tanto sus decisiones iban a misa? ¿Es esto normal? En otras condiciones, no, pero en la Andalucía actual no sólo resulta lógico sino que se queda corto.

Luego, cuando se ríen de nosotros, nos enfadamos.