(Artículo publicado por un servidor en periodista@buscatelavida.com, libro editado por la Asociación de la Prensa de Jaén que fue presentado el pasado viernes, 22 de enero de 2010).
Resulta incuestionable el papel determinante que han jugado, juegan y aún seguirán jugando los medios de comunicación en la confección y mantenimiento de un sistema democrático donde las libertades del individuo representan la piedra angular sobre la que gira todo lo demás. El propio Mario Vargas Llosa es contundente en este sentido al afirmar que "la ecuación es infalible: el grado de libertad de que goza la información es un reflejo inequívoco de la libertad que existe en el conjunto de la sociedad, y viceversa. Se trata de una regla que no tiene excepciones".
Sin embargo, entiendo que actualmente nos encontramos en una época en la que el surgimiento de una cierta preocupación está justificada. Recientemente le comentaba a un colega de Jaén que hace 15 años no se notaba tanto la proximidad de los medios de comunicación a los idearios políticos existentes, o igual era que los mismo medios disimulaban más fu filiación política. Este periodista no sólo coincidía en mi apreciación sino que iba más allá en su posicionamiento: hoy día lo que se lleva es hacer gala de ser de un partido político, y los medios no sólo no huyen de ello sino que lo proclaman, con orgullo, a los cuatro viento.
Ante este panorama, que entiendo resulta incompatible con el carácter y la función propias del periodismo, me viene a la memoria la siguiente reflexión del jienense, catedrático de Derecho Constitucional, y profesor de la UNED, Antonio Torres del Moral: "Si la propiedad exclusivamente pública (de los medios) conduce inexorablemente al monopolio del partido o de la coalición en el poder, la propiedad exclusivamente privada parece escasamente resistente a la tendencia al oligopolio, el cual, si no elimina el pluralismo, lo limita, a veces de modo muy preocupante".
Una visión apocalíptica que no se basa únicamente en argumento teóricos, sino que la propia realidad confirma en los medios de comunicación públicos con sentencias como la dictada por la Audiencia Nacional contra RTVE por la manipulación que efectuó durante la huelga general del año 2002 a favor del Gobierno; por las continuas condenas que las diferentes Juntas Electorales realizan sistemáticamente contra Canal Sur por violar su deber de imparcialidad y actuar siempre a favor del Gobierno; o la condena a Onda Jaén RTV por violar derechos fundamentales de un trabajador, quien no actuó a favor de los intereses del Gobierno. También la realidad de los medios privados confirma esta teoría a través de concesiones de licencias de radio comercial o TDT que, casualmente y siempre bajo la más estricta legalidad, van a parar de manera masiva a grupos amigos y cercanos a los partidos políticos gobernantes en cada territorio, a la vez que se margina a los críticos o próximos a las teorías de la oposición; o el sistemático desembarco de dinero público en esos mismos medios amigos a través de ingentes campañas publicitarias, mientras que al enemigo no llegan más que las migajas cuyo único fin es el de parecer decente. Y qué decir de esos cambios legislativos, siempre a favor del viento que interese a los grupos que nos ayudan, para permitir fusiones de cadenas, o pasar de emisión de pago a emisión en abierto, o de emisión en abierto a emisión de pago, o de incrementar nuestra participación en este o aquel medio, etcétera.
De todo esto que es el pan nuestro de cada día en este país en pleno siglo XXI, también sabemos, y mucho, en Jaén. Por eso resulta interesante tener en cuenta y casi, casi enmarcar para colgar en un lugar visible, las palabras del doctor de Derecho Constitucional y profesor de la UNED, Lucrecio Rebollo Delgado, cuando indica: "no debemos olvidar que una sociedad no está más evolucionada, o es más democrática, por el número de derechos que reconocen sus textos jurídicos, o el nivel técnico-jurídico de éstos, y sí lo es por la vigencia y conciencia que de los derechos fundamentales tiene el ciudadano".
Lamentablemente, y según mi criterio, el ciudadano de a pie tiene clara conciencia de que sus derechos fundamentales de acceso a recibir y emitir libremente información no existen prácticamente, o están tan mermados que se reducen a algo casi anecdótico. Lo peor de todo es que se trata de un sentir compartido por el propio periodista, quien opta por el inmovilismo ante el peligro de una más que factible pérdida de su puesto de trabajo porque, seamos también claros, lo de la cláusula de conciencia y secreto profesional son elementos más teóricos que otra cosa ya que, en caso de esgrimirlos ante una posible presión de la empresa editora, lo mejor que puede pasarle al periodista es ganar en los juzgados y, como consecuencia, irse a su casa con una indemnización por despido improcedente, es decir, quedarse sin trabajo. ¿Nos suena esto en Jaén?.
Ante este desolador y desalentador panorama yo, y a día de hoy, me resisto a darme por vencido. Creo que debemos ser los periodistas que trabajamos en medios públicos quienes tenemos que dar toda la guerra posible en este sentido ya que el privilegio de tener una cierta seguridad laboral nos obliga -moralmente- a eso, a pelear por la profesión más bonita y más necesaria del mundo porque, como dice el propio Tribunal Constitucional, sin ella no existiría derecho alguno: "La libertad de los medios de comunicación, sin la cual no sería posible el ejercicio eficaz de los derechos fundamentales que el artículo 20 de la Constitución enuncia, entraña seguramente la necesidad de que los poderes públicos, además de no estorbarla, adopten las medidas que estimen necesarias para remover los obstáculos que el libre juego de las fuerzas sociales pudiera oponerle. (...) La preservación de esta comunicación pública libre sin la cual no hay sociedad libre ni, por lo tanto, soberanía popular exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos los ciudadanos".
Resulta incuestionable el papel determinante que han jugado, juegan y aún seguirán jugando los medios de comunicación en la confección y mantenimiento de un sistema democrático donde las libertades del individuo representan la piedra angular sobre la que gira todo lo demás. El propio Mario Vargas Llosa es contundente en este sentido al afirmar que "la ecuación es infalible: el grado de libertad de que goza la información es un reflejo inequívoco de la libertad que existe en el conjunto de la sociedad, y viceversa. Se trata de una regla que no tiene excepciones".
Sin embargo, entiendo que actualmente nos encontramos en una época en la que el surgimiento de una cierta preocupación está justificada. Recientemente le comentaba a un colega de Jaén que hace 15 años no se notaba tanto la proximidad de los medios de comunicación a los idearios políticos existentes, o igual era que los mismo medios disimulaban más fu filiación política. Este periodista no sólo coincidía en mi apreciación sino que iba más allá en su posicionamiento: hoy día lo que se lleva es hacer gala de ser de un partido político, y los medios no sólo no huyen de ello sino que lo proclaman, con orgullo, a los cuatro viento.
Ante este panorama, que entiendo resulta incompatible con el carácter y la función propias del periodismo, me viene a la memoria la siguiente reflexión del jienense, catedrático de Derecho Constitucional, y profesor de la UNED, Antonio Torres del Moral: "Si la propiedad exclusivamente pública (de los medios) conduce inexorablemente al monopolio del partido o de la coalición en el poder, la propiedad exclusivamente privada parece escasamente resistente a la tendencia al oligopolio, el cual, si no elimina el pluralismo, lo limita, a veces de modo muy preocupante".
Una visión apocalíptica que no se basa únicamente en argumento teóricos, sino que la propia realidad confirma en los medios de comunicación públicos con sentencias como la dictada por la Audiencia Nacional contra RTVE por la manipulación que efectuó durante la huelga general del año 2002 a favor del Gobierno; por las continuas condenas que las diferentes Juntas Electorales realizan sistemáticamente contra Canal Sur por violar su deber de imparcialidad y actuar siempre a favor del Gobierno; o la condena a Onda Jaén RTV por violar derechos fundamentales de un trabajador, quien no actuó a favor de los intereses del Gobierno. También la realidad de los medios privados confirma esta teoría a través de concesiones de licencias de radio comercial o TDT que, casualmente y siempre bajo la más estricta legalidad, van a parar de manera masiva a grupos amigos y cercanos a los partidos políticos gobernantes en cada territorio, a la vez que se margina a los críticos o próximos a las teorías de la oposición; o el sistemático desembarco de dinero público en esos mismos medios amigos a través de ingentes campañas publicitarias, mientras que al enemigo no llegan más que las migajas cuyo único fin es el de parecer decente. Y qué decir de esos cambios legislativos, siempre a favor del viento que interese a los grupos que nos ayudan, para permitir fusiones de cadenas, o pasar de emisión de pago a emisión en abierto, o de emisión en abierto a emisión de pago, o de incrementar nuestra participación en este o aquel medio, etcétera.
De todo esto que es el pan nuestro de cada día en este país en pleno siglo XXI, también sabemos, y mucho, en Jaén. Por eso resulta interesante tener en cuenta y casi, casi enmarcar para colgar en un lugar visible, las palabras del doctor de Derecho Constitucional y profesor de la UNED, Lucrecio Rebollo Delgado, cuando indica: "no debemos olvidar que una sociedad no está más evolucionada, o es más democrática, por el número de derechos que reconocen sus textos jurídicos, o el nivel técnico-jurídico de éstos, y sí lo es por la vigencia y conciencia que de los derechos fundamentales tiene el ciudadano".
Lamentablemente, y según mi criterio, el ciudadano de a pie tiene clara conciencia de que sus derechos fundamentales de acceso a recibir y emitir libremente información no existen prácticamente, o están tan mermados que se reducen a algo casi anecdótico. Lo peor de todo es que se trata de un sentir compartido por el propio periodista, quien opta por el inmovilismo ante el peligro de una más que factible pérdida de su puesto de trabajo porque, seamos también claros, lo de la cláusula de conciencia y secreto profesional son elementos más teóricos que otra cosa ya que, en caso de esgrimirlos ante una posible presión de la empresa editora, lo mejor que puede pasarle al periodista es ganar en los juzgados y, como consecuencia, irse a su casa con una indemnización por despido improcedente, es decir, quedarse sin trabajo. ¿Nos suena esto en Jaén?.
Ante este desolador y desalentador panorama yo, y a día de hoy, me resisto a darme por vencido. Creo que debemos ser los periodistas que trabajamos en medios públicos quienes tenemos que dar toda la guerra posible en este sentido ya que el privilegio de tener una cierta seguridad laboral nos obliga -moralmente- a eso, a pelear por la profesión más bonita y más necesaria del mundo porque, como dice el propio Tribunal Constitucional, sin ella no existiría derecho alguno: "La libertad de los medios de comunicación, sin la cual no sería posible el ejercicio eficaz de los derechos fundamentales que el artículo 20 de la Constitución enuncia, entraña seguramente la necesidad de que los poderes públicos, además de no estorbarla, adopten las medidas que estimen necesarias para remover los obstáculos que el libre juego de las fuerzas sociales pudiera oponerle. (...) La preservación de esta comunicación pública libre sin la cual no hay sociedad libre ni, por lo tanto, soberanía popular exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos los ciudadanos".
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